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LISIADO.

Presidente “lisiado”
JESúS CANTú
PROCESO. 14 julio 2009.
La nueva composición que la Cámara de Diputados tendrá a partir del próximo 1 de septiembre, producto del resultado electoral del domingo 5, convirtió al presidente Felipe Calderón en un “pato lisiado” (equivalente de la expresión lame duck, tan común en idioma inglés cuando se quiere significar que un gobernante quedó atrapado por las fuerzas opositoras): sin capacidad de veto en relación con el presupuesto federal y frente a una mayoría opositora consolidada, que ya empieza a hacer sentir su fuerza al establecer que no avalará ningún aumento de impuestos y amenaza con fijarle reglas, claras y concretas, para atender la emergencia económica, estrechando así el margen de maniobra del Ejecutivo e introduciendo elementos que, eventualmente, ensancharán las diferencias entre los actores.
Sin embargo, éste no es el único ámbito en el que la debilidad del Ejecutivo federal se manifestará, pues al menos son tres los más vulnerables: éste, es decir, el de las relaciones entre los tres poderes de la Unión, donde se mantienen básicamente las mismas reglas del régimen autoritario; el de las relaciones con los gobiernos de las entidades federativas, donde el sui generis federalismo mexicano produce resultados ambivalentes, y el de los poderes fácticos, que han aprovechado el desmoronamiento del presidencialismo metaconstitucional para ampliar sus privilegios y multiplicar su presencia en la vida nacional.
Estas expresiones tienen consecuencias e impactos sobre el grueso de la población (que permanece al margen de la oligarquía gobernante) y, particularmente, sobre los grupos más vulnerables, con los consiguientes riesgos para la estabilidad nacional, ante las eventuales reacciones desesperadas de quien nada tiene que perder.
La semilla de la ingobernabilidad se sembró desde 1997, precisamente cuando el PRI perdió la mayoría en la Cámara de Diputados, y algunas de sus expresiones ya están presentes, pero el riesgo de que exploten se acrecienta ahora que el anterior controlador se encuentra en su momento de máxima debilidad. La situación expresa plásticamente las catastróficas consecuencias que puede provocar el haber demorado la reforma del Estado, pues hoy se carece de instancias que puedan propiciar la interlocución y el diálogo que permita construir la nueva institucionalidad.
En las tres últimas elecciones intermedias el partido en el gobierno se debilitó y esa debilidad se fue agravando sucesivamente, hasta llegar a la situación actual. Sin embargo, los actores –particularmente los que están en el poder o tienen posibilidades de conquistarlo– se niegan a revisar las bases y las reglas, porque todos sueñan con recuperar algún día la hegemonía del presidencialismo metaconstitucional y usufructuarla.
Las elecciones intermedias, en todo régimen presidencial, se convierten, casi inevitablemente, en un plebiscito sobre la gestión del Ejecutivo federal, lo cual en sí mismo no es malo, salvo cuando el período restante es muy largo y la renovación de una de las cámaras o del Congreso es total y el resultado es desfavorable para el partido gobernante.
Y eso es precisamente lo que sucede en México: un período presidencial de seis años y la renovación total de la Cámara de Diputados justo a la mitad del período, lo cual –cuando los resultados son desfavorables– deja, como en este caso, larguísimos tres años de “pato lisiado”. Este riesgo no existía durante el régimen de partido hegemónico, pues a la mitad del sexenio era precisamente cuando el presidente se encontraba en su momento de máximo poder. Basta recordar cómo, en las elecciones de 1991, Carlos Salinas de Gortari logró consolidar su fuerza en dicha Cámara a partir de los resultados electorales de la elección intermedia.
Aunque las diferencias entre el Ejecutivo y el Legislativo empezaron desde el gobierno de Zedillo, particularmente en torno a la información del Fobaproa, éstas se resolvieron por las vías institucionales y no tuvieron mayor impacto sobre las responsabilidades de cada uno. Pero se agudizaron en el gobierno de Fox, cuando le negaron dos veces el permiso para viajar al extranjero, o en el presupuesto de 2005, que finalmente se resolvió por la vía de una controversia constitucional.
En este sexenio, las relaciones eran menos tensas e, incluso, se lograron sacar reformas controvertidas, como la petrolera, casi por consenso; pero en la víspera de las campañas electorales el ambiente se enrareció, particularmente en torno a las reformas en materia de seguridad. Sin embargo, la gran diferencia era que ninguna de las fuerzas políticas contaba con una mayoría consolidada y el grupo parlamentario panista era la primera minoría en ambas cámaras.
Pero a partir del 1 de septiembre la correlación cambiará diametralmente y, en ese sentido, el PRI y el PVEM, pero particularmente el primero, buscarán imponer condiciones, y en lo referente al gasto y al presupuesto de egresos cuentan con los elementos para sacar adelante sus propuestas, como la descentralización del ejercicio del gasto social o la definición de la distribución territorial de la inversión pública federal.
Sin embargo, esta nueva mayoría debe recordar que el partido del presidente todavía es primera minoría en el Senado y, por esa vía, puede sostener los vetos presidenciales en asuntos que tienen que pasar por las dos cámaras. En este sentido propuestas como la de eliminar el Impuesto Empresarial de Tasa Única (IETU) son inviables, aunque pueden ser políticamente muy rentables pues, en el caso de que lo intentaran, seguramente obligarán a que el presidente vete la reforma y que sea el grupo de 52 senadores panistas los que sostengan dicho veto, impidiendo la configuración de las dos terceras partes necesarias para rechazar las observaciones presidenciales, es decir, todo el peso político sobre las espaldas de Calderón y el PAN. Y ésta puede ser una historia recurrente, con temas políticamente muy populares (como el de la pena de muerte propuesta por el PVEM, aunque ésta seguramente contaría con la oposición del PRD, PT y Convergencia, o sus vales para medicinas y becas para educación).
Así, básicamente las opciones son tres: una, se logra lo que hasta hoy no ha sido posible, es decir, un diálogo productivo y cooperativo entre las distintas fuerzas políticas para lograr, en los hechos, que los pesos y contrapesos se traduzcan en un mejor gobierno; dos, las diferencias, particularmente entre Ejecutivo y Legislativo, agudizan la parálisis gubernamental; y, tres, el Legislativo captura al Ejecutivo y éste acepta las condiciones que imponga la nueva mayoría legislativa.
En el segundo ámbito los riesgos ya han dejado sentir dos de sus posibles manifestaciones y ambas son negativas: una, los enfrentamientos que pueden surgir entre autoridades federales y estatales o municipales, particularmente a partir de las acciones de combate al crimen organizado (pero también al enfrentar algunas crisis, como en la lamentable tragedia de la guardería en Hermosillo), que llevó al gobernador de Michoacán a protestar por la intromisión federal en el mismo palacio de gobierno o que, en Nuevo León, provocó que policías municipales se confrontaran con los federales, cada grupo blandiendo sus armas; y dos, la existencia de entidades donde prevalecen las expresiones más primitivas del autoritarismo con absoluta impunidad para sus gobernadores, como el caso de Ulises Ruiz, en Oaxaca; Mario Marín, en Puebla; o, incluso, Enrique Peña Nieto, en el Estado de México, o la red clientelar que construyó el gobernador de Coahuila, Humberto Moreira.
En todos los casos se trata de entidades con ejecutivos emanados de partidos distintos al del presidente, y eso precisamente lo torna más preocupante, pues en unos meses el PAN se quedará únicamente con siete gobernadores y todo el resto (25 entidades) estará en manos de la oposición (19 para el PRI y 6 para el PRD), con los cuales –como es evidente– las relaciones, en términos generales, son de intromisión o de permisividad, tan nocivas una como otra, y ambas implican la vulneración del estado de derecho.
En el tercer ámbito, los dos ejemplos más significativos de la irrupción de los poderes fácticos son: el duopolio televisivo, entre los legales; y el crimen organizado, particularmente el narcotráfico, entre los ilegales. Particularmente los legales aprovecharán que ahora tendrán dos interlocutores con poder muy similar para mantener y ensanchar sus privilegios; la posibilidad de que se concrete la tan anhelada reforma en la Ley Federal de Radio y Televisión o se integre una legislación moderna en materia de telecomunicaciones, cada día luce más lejana e irreal, pues atenta contra los privilegios del duopolio.
Pero también será muy difícil que se rompa el monopolio del registro de candidaturas a puestos de elección popular, pues no parece fácil que se modifique sustancialmente el nuevo Cofipe (a pesar de todas las limitaciones manifiestas en el actual proceso electoral), ya que la nueva mayoría se dio cuenta de que las reglas actuales le benefician y todavía le beneficiarán más cuando (en octubre del año entrante) sustituyan a los tres consejeros que concluyen su encargo en el Consejo General del IFE, con lo cual consolidarán –todavía más– su control sobre ese órgano. En este caso la mayoría PRI-PVEM disfrutará los beneficios que se construyó el cártel de partidos (PAN, PRI y PRD), dos de cuyos integrantes hoy deben lamentar su miopía.
En este terreno los poderes fácticos seguramente lograrán sostener sus privilegios y consolidar sus conquistas, salvo que Calderón decida apostar su resto y coloque por encima del interés electoral de su partido –que de cualquier forma no le resultó muy favorable– el bienestar nacional y ponga un alto a los monopolios. La lucha contra la delincuencia organizada es un tema que merece análisis aparte.
Más allá de los avances en materia electoral (ya con algunos retrocesos) y el fin del presidencialismo metaconstitucional, con el consiguiente ensanchamiento de los espacios de libertad, la ausencia de una reforma del Estado provocó enormes vacíos que, en lo general, han sido aprovechados por los poderes fácticos y los caciques estatales y regionales.
Los impactos de tres años de “presidencia lisiada” pueden resultar desastrosos para el país y abrir de par en par las puertas para el regreso del régimen autoritario, a no ser que, ante la presencia de esta situación extrema, los actores políticos finalmente se decidan a reconstruir al Estado mexicano y reconfigurar diametralmente el sistema político
REBANADAS PARA COMENSALES VIEJOS
Razones
Jorge Fernández Menéndez
Y los plurinominales son de Beatriz
MILENIO. 01-Abr-2009
Los partidos tienen prácticamente listas sus candidaturas y hasta ahora no hay sorpresas. Quizás lo más notable ha sido la forma en que Beatriz Paredes ha logrado en las listas plurinominales del PRI imponer a buena parte de sus candidatos, incluida ella misma entre los aspirantes de representación proporcional y apostando con ello no a ser la coordinadora de la bancada tricolor (porque ello le impediría en lo inmediato seguir siendo la presidenta del partido), pero sí a tener el control de la misma a través de los muchos operadores propios que ha logrado colocar en la futura bancada (y, por eso, personajes que aspiraban a coordinar a los diputados, como Enrique Jackson, no han aparecido en las listas del PRI).
La verdad es que el priismo ha recurrido a muchos, demasiados quizá, de sus personajes más conocidos, para componer su lista de candidatos. En el equipo de Beatriz ganó la más estricta ortodoxia y allí tuvieron su posición todas las estructuras del tricolor, desde la CNC hasta la CTM pasando por el Movimiento Territorial y todos los grupos de poder del priismo. Eso le quitó espacio al PRI en sus listas para cualquier atisbo de candidatura ciudadana: son los suyos candidatos del establisment del partido, incluso entre las que se pretenden presentar como candidaturas jóvenes: no pueden representar a éstas, tengan o no méritos para ocupar esas posiciones, Federico Madrazo, el hijo de Roberto, o Alejandro Murat, el hijo (dicen que afortunadamente mucho más sensato) del ex gobernador José Murat. En realidad, los que podrían haber sido las figuras jóvenes del priismo han quedado, sobre todo en el Partido Verde, como Pablo Escudero. Entre los priistas hay operadores políticos con mucha experiencia y paso por las cámaras, como César Augusto Santiago y candidaturas, pocas, entre jóvenes interesantes, por ejemplo la de Claudia Ruiz Massieu.
Lo cierto es que el PRI no parece haber buscado sorprender a nadie con sus candidaturas. Por el contrario, es una distribución de poder entre los distintos grupos donde los gobernadores tuvieron un peso muy importante en la decisión de sus candidaturas locales y la presidenta del partido en las listas plurinominales, mismas que a su vez distribuyó entre los mandos de la estructura del partido. ¿Quiénes están con Beatriz? Básicamente los grupos más tradicionales del PRI, particularmente en los estados del sur y el centro. Que a nivel de los propios estados las cosas son más complejas y que la presidenta del partido ha tenido que aceptar candidaturas que sabe difíciles o de plano condenadas, lo vemos en Colima con Mario Anguiano, una imposición del gobernador Silverio Cavazos, o en Sonora con Alfonso Elías Serrano, el candidato que logró colocar el gobernador Eduardo Bours, en su caso en coalición con el partido Nueva Alianza. Y me imagino que una alianza con Elba Esther Gordillo no le debe haber caído en gracia ni a Beatriz ni a Beltrones. En ambos estados, por cierto, la amenaza del panismo es real.
Dos temas resultan interesantes a partir de esta nueva repartición de posiciones. Por una parte, cómo reaccionará el priismo ante la acumulación de poder que se ha dado en torno a Beatriz Paredes. No es ninguna novedad decir que son tres los principales precandidatos del PRI: Enrique Peña Nieto, Manlio Fabio Beltrones y Beatriz. Y si bien las encuestas muestran arriba al gobernador mexiquense, tanto Manlio como Paredes están ahí en dos sentidos: por una parte, para ocupar los espacios de poder que trascienden a Peña, pero también porque todos sabemos que falta mucho tiempo para 2012 y lo que no puede hacer un partido que tiene aspiraciones serias de regresar al poder es apostar a una sola carta: la historia reciente ha demostrado que todas, por una u otra circunstancia, pueden ser vulnerables.
El segundo punto es la unidad del propio priismo. En 2003 el PRI ganó la Cámara de Diputados con amplitud, en 2005 ganó el Estado de México con más de 50% de los votos y, unos meses después, la ruptura entre Madrazo y Elba Esther Gordillo era definitiva; con un golpe informativo la precandidatura de Arturo Montiel se hizo humo y el tricolor tuvo con Madrazo candidato y Elba apoyando al PAN, la peor elección de su historia. En esta ocasión el proceso interno, como en 2003, ha salido adelante con bastante pulcritud, pero tendrá un momento de tensión adicional con la llegada de Beatriz a la Cámara y continuará agudizándose en el futuro, cuando se acerque 2012.
Un tercer elemento tendrá influencia de cara al futuro. A pesar de que existen cálculos muy optimistas en el PRI con respecto a las elecciones del 5 de julio, la verdad es que las mismas aparecen mucho más cerradas que lo que indican algunas encuestas (no todas) y que la moneda electoral está en el aire. El PRI, que había respondido muy bien en los dos años pasados, comenzó a equivocarse con distintos temas, sobre todo en su respuesta al desafío que sobre seguridad le impuso Germán Martínez y eso ha resultado evidente en las encuestas. La memoria antipriista está más presente de lo que algunos creen, sobre todo si, como ahora sucede, la gran mayoría de sus candidaturas tiene una larga historia política y la renovación tan publicitada no se termina de reflejar en ellas. Y es que pese a que la reforma electoral buscó que se concentrara todo el poder en los partidos para buscar votos más ligados a ellos que a sus individualidades, la gente, en un porcentaje alto, sigue votando, más por los candidatos que por los partidos. Y la buena o mala imagen sigue imponiéndose. Por eso, el 5 de julio tendrá resultados mucho más cerrados de lo que muchos creen. La moneda electoral todavía está en el aire.
Y hablando de monedas en el aire: no pierda usted de vista en los próximos días a Josefina Vázquez Mota. Tendrá y mucho que decir desde la margen panista del proceso electoral.

DEMOCRACIA ENGRILLETADA
Una sociedad de oídos sordos
La Semana de Román Revueltas Retes
2009-03-08•Al Frente
Ni reforma fiscal, ni reforma energética ni cambio verdadero alguno sino meros ajustes de poca monta negociados con una oposición cuyo primer interés es vender muy caro su amor. Hay más tiempo que vida, reza el refrán en una de las más perniciosas expresiones de la sabiduría popular; y, sí, guiados por esa máxima comodona, los mexicanos nos tomamos las cosas con calma olvidando que el futuro no sólo está siempre a la vuelta de la esquina sino que ya nos ha alcanzado: México, hoy día, es un país poco competitivo, amenazado por una recesión de pronóstico reservado, irremediablemente embrollado en los mismos problemas de siempre y cautivo, por vocación propia, de unas minorías perfectamente capaces de imponer, una y otra vez, sus intereses particulares al resto de la nación.
El debate público, en este sentido, exhibe una asombrosa inconciencia. Se organizan incontables foros y debates para analizar los problemas; se convoca a los “actores sociales” y se buscan “consensos” pero, al final, las políticas públicas surgidas de estas discusiones se supeditan inexorablemente a los provechos de los partidos y sus aviesos personeros. No hay visión de Estado ni preocupación alguna por otro futuro que no sea el que se perfila en el horizonte inmediato, es decir, el de las siguientes elecciones. El PRI, en su condición de socio remolón y oportunista del actual Gobierno, ha aprovechado esta circunstancia al máximo: se presenta como un interlocutor bienintencionado y responsable a la vez que cosecha los frutos de su avieso oposicionismo. Resulta así que los ciudadanos mexicanos tienen ahora la idea de que sólo el tricolor “sabe gobernar” y están inclusive dispuestos a perdonarle que, mientras administra tan eficazmente los asuntos públicos, sus funcionarios se sirvan con la cuchara grande. La corrupción ya no le quita el sueño a la gente. Lo que quiere es que las “cosas se hagan”.
En este camino —y con parecida conciencia, justamente, de las cosas— los grandes temas pasan a un segundo plano: no hay ya la idea de que las estructuras de este país se forjaron de manera muy perversa por un sistema corrompido —dedicado a la atención de sus clientelas— y que ese modelo es el que ha terminado por socavar la viabilidad misma de la nación mexicana; tampoco parece preocuparnos esa situación de no retorno que hemos alcanzado en un asunto crucial como el de la educación pública o la futura quiebra financiera del Estado. Por simple oportunismo, no establecemos una relación de causa y efecto entre el modelo inventado por el antiguo régimen y las plagas bíblicas que nos amenazan. A lo mucho, se aparecen por ahí los interesados pregoneros de algunos partidos —como, por ejemplo, el Verde Ecologista— para propugnar la pena de muerte. Y eso, en el país de la injusticia flagrante y de los juicios bajo sospecha como el que se le administró a Florence Cassez y que tanto preocupa a Monsieur Sarkozy. Pero, no hay una visión crítica de la realidad nacional que permita atar cabos y endosar responsabilidades verdaderas. Dicho de otra manera: no tenemos intención alguna de cambiar.
La más inmediata de las amenazas que se ciernen en el escenario nacional es la de una estruendosa crisis de las finanzas públicas: los ingresos petroleros van a la baja y la recaudación fiscal desciende al tiempo que sube el gasto del Gobierno. En algún momento —muy pronto, esto es, dentro de doce meses— el erario no tendrá recursos para afrontar sus obligaciones corrientes o, en el mejor de los casos, el déficit alcanzará niveles inaceptables de acuerdo a los cánones de la ortodoxia macroeconómica. Tendremos, ahí sí, un cuadro de fuga masiva de capitales, devaluación catastrófica, desempleo y desplome de la actividad económica, todo ello como una especie de cereza del pastel para coronar la actual debacle financiera.
No se puede hacer nada, sin embargo: cuando a Felipe Calderón se le ocurrió apenas comentar que, de haberse consumado una reforma energética más profunda, México hubiera podido construir cuatro refinerías en vez de una sola, los buitres de la oposición se le echaron encima. Bueno, ya les tocará, a ellos y a nadie más, recomponer el desastre si es que, como nos pronostican los encuestadores, vuelven al poder.
revueltas@mac.com
LAS TRAMPAS DE LA FE DEMOCRATICA
Bitácora del director
Pascal Beltrán del Río
El “regreso” del PRI
Como reflejo de la tendencia que tiene este país de vivir permanentemente en el futuro —en México los mejores días siempre están por venir, aunque nunca lleguen—, ha aparecido en los medios nacionales una gran cantidad de comentarios sobre el “inminente regreso” del PRI al poder.
Este ejercicio de futurismo, que se basa únicamente en la ventaja que tiene el PRI en las encuestas sobre la elección legislativa federal de julio entrante, ha llevado a algunos articulistas a la temeraria conclusión de que la transición democrática mexicana ha fracasado.
Una de las características del oficio periodístico consiste en trascender las apariencias y, por tanto, evitar las generalizaciones. Afirmar que el PRI está “de regreso” se ha vuelto un lugar común, una caricatura en blanco y negro que deja de lado una gran cantidad de matices.
Habría que saber a qué se refieren quienes predicen el “regreso” del PRI: ¿Recuperará la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados en 2009, o sólo la mayoría relativa, como ya lo hizo en 2003? ¿La Presidencia de la República en 2012? ¿Únicamente ésta o también la mayoría en las dos cámaras del Congreso, igual que antes del 1 de septiembre de 1997? ¿A qué se refieren con “regreso”?
Nadie puede desconocer la ventaja que lleva el PRI en todas las encuestas, pero falta saber qué efecto tendrá el abstencionismo, que se prevé alto, en el resultado electoral. También falta ver si esa ventaja se traducirá para el PRI en una mayoría relativa o absoluta en la Cámara de Diputados, y si esa mayoría se construirá mediante alianzas con otros partidos. Cada escenario tiene implicaciones distintas.
Tampoco pueden pasarse por alto las aspiraciones presidenciales del gobernador del Estado de México, el priista Enrique Peña Nieto. En estos momentos es el político con mayores posibilidades de llegar a Los Pinos en 2012, ni quien lo dude. Sin embargo, después de lo que sucedió en 2006, ¿habrá alguien que quiera apostar que Peña Nieto será candidato de su partido y llegará a ser Presidente?
Ante esta incertidumbre, ¿se puede sostener que el pueblo de México añora los viejos tiempos y desea un regreso del PRI como partido de Estado? Por ahora, al menos, es imposible afirmarlo.
Muchos analistas no toman en cuenta que el PRI no se fue del todo. Perdió la mayoría en el Congreso (primero en la Cámara, después en el Senado) y lo echaron de la Presidencia, pero mantuvo su control sobre la mayoría de las gubernaturas y congresos locales, así como sobre un número muy grande de municipios.
En 14 estados, nunca ha habido un gobernador que no haya sido elegido por medio del PRI. Actualmente, ese partido gobierna 18 entidades, las 14 mencionadas, más otras cuatro que perdió ante la oposición y luego recuperó (Nuevo León, Chihuahua, Nayarit y Yucatán).
Cuando uno entra en el detalle de la información, la cosa se pone más interesante: De las 18 entidades que alguna vez han elegido a un mandatario local mediante un partido o grupo de partidos de oposición, solamente en 11 ha habido un gobernador (o jefe de gobierno) que no haya militado en el PRI.
Dicho de otra manera, de los 34 ejecutivos estatales elegidos como candidatos de un partido distinto del PRI —el primero de ellos fue el panista Ernesto Ruffo, de Baja California, en 1989— sólo 20 han sido opositores puros. Los otros 14 tienen antecedentes de militancia en el PRI. En algunos casos, estos últimos ganaron su respectiva gubernatura prácticamente sin haber militado en la oposición.
Mientras tanto, en los estados donde el PRI ha sido imposible de remover, los gobiernos locales han preservado los viejos mecanismos corporativistas para seguir ganando las elecciones. ¿Puede olvidarse este hecho cuando se habla del “regreso” del PRI, como si se tratara de un simple voto de castigo contra las otras fuerzas políticas?
Quienes hablan de una restauración priista en 2009 y en 2012 también se equivocan al suponer que será el mismo PRI el que vuelva a tener la mayoría en el Congreso y regrese a Los Pinos. Podrá tener los mismos personajes de primera fila, la misma “flexibilidad” de principios y aún las peores intenciones de control, pero eso no significa que se repetirán las condiciones que el partido vivió en el periodo 1929-2000.
Afirmar que la alternancia no ha producido cambios es otra simplificación de la realidad. Por ejemplo, antes de 2000 no había una ley de transparencia y la Auditoría Superior de la Federación no tenía las facultades de fiscalización con las que actualmente cuenta.
En una entrega anterior escribí que la transición mexicana se hubiera beneficiado más de haberse concretado una alianza entre el PAN y el PRD en 2000, similar a la que ha funcionado en Chile con la Concertación para la Democracia. Sin embargo, no pienso que los disensos entre estos dos partidos sean la única explicación del actual avance priista en las urnas.
De hecho, se puede afirmar que los tres principales partidos del país se han acercado mucho en sus posiciones y procedimientos. Hoy en día, la ideología pesa muy poco en ellos, y los tres tienen gobernantes y funcionarios surgidos de sus filas que son impresentables y a los que defienden pese a todas las evidencias públicas de sus malos manejos. También coinciden en su disposición de usar las mismas malas artes para ganar elecciones.
En ese sentido, no hay tal “regreso” del PRI, pues las formas de antaño son irrepetibles. Lo que sí hay es un mimetismo de los tres principales partidos, una conversión de los mismos en meras marcas electorales de las que la tricolor es, en estos momentos y por diversas razones, la más exitosa.

¿NAUFRAGOS?
El búho americano
AMLO y la soledad
Milenio Semanal. 2009-02-01•Las Firmas
Una vez pregunté a Mario Ramón Beteta, ex gobernador del Edomex fallecido hace cinco años, por qué cuando fue director general de Pemex no cumplió su promesa de limpiarlo. Después de todo, el presidente Miguel de la Madrid con su “renovación moral” se comprometió a acabar con la corrupción implantada por Joaquín Hernández Galicia, La Quina, y su mafia. Me dijo: “George, me encontré como un comandante frente a una banda en marcha que, cuando volteó hacia atrás, descubrió que los músicos habían salido por una calle lateral”.
El mesiánico “presidente legítimo” de México, Andrés Manuel López Obrador, pronto se encontrará en el mismo aislamiento. Aunque continúa defendiendo la “economía popular” contra la administración neoliberal de Calderón, las multitudes que lo siguen se encojen cada vez más. Con la esperanza de aumentar el apoyo popular, demandó revocar la Tasa Única Empresarial (IETU), reducir el costo del diesel, la gasolina y la electricidad y organizar una manifestación contra la Asociación de Bancos de México en protesta por los altos intereses en las tarjetas de crédito y las cuentas morosas.
AMLO está cavilando la idea de llevar a cabo una consulta de leales a su causa que podrían presentarse en una Asamblea Informativa el 22 de marzo en el Zócalo o en el Hemiciclo a Juárez. La mayoría de los observadores apuestan a que elegirá el monumento a Juárez a fin de ocultar el reducido número de personas que allí se materialicen. El Peje perdió el control del PRD, una estructura firmemente en manos de Jesús Ortega y Los Chuchos. Sí cuenta con Alternativa Democrática Nacional de Héctor Bautista y Greco Ramírez, el Foro Nuevo Sol Democrático de Martha Dalia Gastélum y José Luis Jaime Correa, y con el Grupo de Acción Política de Higinio Martínez Miranda y Horacio Duarte Olivares en el Edomex. La corriente Red de Izquierda Revolucionaria está dividida, sin embargo, Los Chuchos lograrán atraer el respaldo de José Antonio Rueda y sus aliados en esta facción.
Los gobernadores de Baja California Sur, Narciso Agúndez; de Chiapas, Juan José Sabines; de Michoacán, Leonel Godoy, y de Zacatecas, Amalia García, le apuestan su resto a Los Chuchos. El delfín de AMLO, Marcelo Ebrad, se da cuenta de lo tóxico que puede ser asociarse con el tabasqueño, cuyas tasas de aprobación cayeron a su peor nivel histórico, y ya considera a Los Chuchos como su mejor carta para mantener su aspiración de llegar a Los Pinos.
En las futuras movilizaciones, ¿quién estará para levantar la estrella de El Peje? Primero, estarán Los Cívicos que podrían reunirse en una cabina telefónica y luego moverse hacia un espacio más pequeño. Segundo, Alejandro Encinas, cuyos seguidores “duros de matar” podrían reunirse en un Volkswagen, y luego está una facción del Partido del Trabajo. El único problema es que el PT tiene fisuras en Nuevo León, Durango y Zacatecas, con los antiAMLO encabezados por José Narro Céspedes. Los enemigos de Dante Delgado en Convergencia ven a López Obrador como el anticristo y no se acercarían a él ni a ninguna de sus manifestaciones.
Cuando López Obrador se encamine en un futuro cercano al Zócalo o al Hemiciclo de Juárez, posiblemente experimentará una cierta sensación de soledad; la misma que atormentó a Beteta en los años ochenta.
Traducción: Jeanette Becerra Acosta
Contacto 757-221-3031 • gwgray@wm.edu
George W. Grayson
MUDANZAS
Luis Hernández Navarro
La ruptura en el Partido del Trabajo
La Jornada. 20 de enero de 2009.
Finalmente se consumó la ruptura del Partido del Trabajo (PT). Una parte muy importante de su militancia y de sus dirigentes históricos en Durango abandonaron ese instituto político para incorporarse al Partido de la Revolución Democrática (PRD).
No se fueron solos. El pasado domingo los siguieron destacamentos del estado de México, Zacatecas y Veracruz, así como pequeños núcleos de militantes de entidades como Aguascalientes, Oaxaca, San Luis Potosí y Coahuila.
No es una escisión pequeña. Quienes se van dicen representar 40 por ciento de la membresía. Quienes se quedan aseguran que esa cifra está inflada y que apenas suman 3 por ciento. Pero, más allá de la disputa por el número de disidentes, se trata de una ruptura dolorosa. Sucede a escasos meses de los comicios federales, en el marco de una alianza electoral con Convergencia en la Coalición Salvemos México y de la disolución, para todo fin práctico, del Frente Amplio Progesista (FAP).
El principal vocero de quienes abandonan las filas del PT en Durango es Marcos Cruz. Aunque menos conocido públicamente que José Narro, ha sido, en términos prácticos, el segundo hombre en importancia en el partido. Nacido en Coahuila, estudiante de ingeniería del Politécnico durante el movimiento estudiantil-popular de 1968, integrante de la organización Política Popular desde su fundación, Marcos abandonó la ciudad de México en 1969 para organizar lo que después sería el Comité de Defensa Popular Francisco Villa (CDP) en Durango. Dirigente de la Organización Revolucionaria-Línea De Masas promovió la formación de un instituto político con registro estatal en 1989 y, un año después, del PT.
Para el PT, el estado de Durango es emblemático. Durante años fue su principal bastión electoral de masas. Allí ganó sus dos primeras presidencias municipales (Súchil y Nombre de Dios) y la alcaldía de una capital del estado. En 1992 Gonzalo Yáñez fue edil en Durango; tres años después lo siguió Marcos Cruz, quien además fue diputado y senador.
La ruptura no la provocaron diferencias programáticas, sino pugnas por el poder. Oficialmente los disidentes dicen que se van porque rechazan la alianza chiquita del PT con Convergencia y ven como inminente la pérdida del registro legal. Los argumentos son falaces. Primero, porque quien reventó la posibilidad de una coalición política con el PRD fue Nueva Izquierda. Segundo, porque nunca habían tenido tantas posibilidades como ahora de obtener una votación nacional relativamente copiosa, pues la pugna entre Andrés Manuel López Obrador y los chuchos puede acercarle buen caudal de sufragios.
Quienes se quedan dentro del rojinegro acusan a los que se van de estar contra López Obrador y de tener una alianza con Nueva Izquierda. Por lo pronto, esas afirmaciones no han mostrado ser verdad. Aunque objetivamente su incorporación al sol azteca fortalece a Jesús Ortega, los rupturistas han expresado explícitamente su apoyo a AMLO y su intención parece ser conformarse como una corriente interna más dentro del PRD. Lo cierto es que su salida es producto de su derrota dentro del partido. Están hartos. Algunos han esperado este momento durante años. Sin contrapeso alguno, Alberto Anaya se ha convertido en el principal dirigente de ese organismo y centraliza las relaciones con el gobierno federal, los recursos económicos y el aparato partidario. Su poder les resulta asfixiante e imposible de remontar.
En los últimos tiempos Alberto Anaya designó a Gustavo Pedro Cortés comisionado en Durango para definir la estrategia electoral, al margen de la dirección estatal real. Él es uno de los líderes históricos del CDP y actualmente está “prestado” al Partido Socialdemócrata en la Cámara de Diputados. Anaya promovió que Joaquín Vela, dirigente del partido en el estado de México y cuatro veces diputado, no ocupara más la coordinación estatal de ese organismo político, y desplazó al hermano de éste de la conducción del rojinegro en Aguascalientes. Simultáneamente no apoyó las aspiraciones de José Narro para senador, e impulsó su remoción de la dirección petista en la ciudad de México. Narro fue comisionado político en el Distrito Federal por once años y asambleísta. Su papel al frente del partido fue muy pobre. En suma, el líder del Frente Popular Tierra y Libertad de Monterrey arrinconó y asfixió a esta corriente, forzándola a rendirse o marcharse.
El resto de quienes se suman al barco de la escisión tienen historias distintas. El PT ha funcionado como una filial a la que se han unido grupos políticos estatales que no encuentran acomodo en otras expresiones políticas, sin importarles demasiado la propuesta programática. Entre las filas de los que rompen se encuentra Ezequiel Flores, de Veracuz, quien fue expulsado del partido, acusado de corrupción por sus acuerdos con el gobernador Fidel Herrera.
Quienes hoy abandonan el PT se van en el peor momento. Marchan derecho al pantano. Los usos y costumbres de las diversas corrientes que integran el sol azteca son una garantía de que serán tratados igual o peor que en su antiguo partido. Probablemente podrán conseguir algunas candidaturas a diputado, pero no mucho más. Marcos Cruz asegura que “ésa es la izquierda que hay” y que con ella deben arar. Está convencido, además, de que es inminente la pérdida del registro del rojinegro, pues López Obrador no va a hacer campaña para ellos.
La ruptura del Partido del Trabajo hará aún más complicado armar el rompecabezas de la izquierda institucional de cara a las próximas elecciones. El desprendimiento debilitará al partido, a pesar de que sus dirigentes lo nieguen. Para Alberto Anaya es un golpe duro, por más que trate de minimizarlo. Hará más complicada la posibilidad de que AMLO juegue a “dos manos”, con candidaturas viables simultáneas dentro del PRD y de la Coalición por el Bien de Todos, que le permitan formar una bancada con peso político en la legislatura que viene. Sumará una nueva tribu al balcanizado reino del sol azteca.
La escisión muestra el nivel de descomposición de la izquierda partidaria en nuestro país y el absurdo de un sistema de partidos que monopoliza la representación política ciudadana.
HECHIZAR AL BASTON DE MANDO
Cisen, el retorno de los brujos
Autor: Zósimo Camacho
Sección: Portada
Contralínea. 15 Enero 2009
Inicia “reacomodo” de facciones al interior del organismo de inteligencia civil mexicano. Especialistas explican que, ante el fracaso de los “mercadólogos” panistas, “retornan los brujos” del priismo. Dos camarillas –la de Carrillo Olea y la de Manlio Fabio Beltrones– han comprendido que “quien controle los servicios de inteligencia ganará las elecciones de 2012”.
La disputa por la Presidencia de la República inició en la constreñida elite de inteligencia. Dos grupos priistas libran una batalla al interior de los organismos de seguridad nacional para acomodar sus piezas rumbo a las elecciones de 2012.
La anunciada “reestructuración” al interior del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) es en realidad un “reacomodo” de las facciones predominantes “con miras a la restauración del priismo”, considera el doctor Guillermo Garduño, especialista en seguridad nacional y expositor en el Colegio de la Defensa Nacional y en el propio Cisen.
De acuerdo con el investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, de los siete grupos que operan “de manera paralela” a la estructura formal del Centro, dos mantienen una disputa por el control del organismo civil de inteligencia y contrainteligencia del Estado mexicano: el que encabeza Jorge Carrillo Olea y el de Manlio Fabio Beltrones. Cualquiera de las fracciones que gane preparará el advenimiento del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de nueva cuenta a la Presidencia de la República. “Estos grupos conocen el tipo de información que necesitó la hegemonía priista”, dice.
Y es que, asegura, la restauración del priismo está en marcha. Considera que la disputa por la Presidencia se está dando desde ahora al interior del Cisen. Los priistas se aglutinarán en torno al grupo que controle los servicios de inteligencia. Agrega que los “cuadros” panistas encajados en el Cisen desde inicios del foxismo fueron fácilmente desplazados y han perdido el control operativo.
“Lo que contemplamos es una doble estructura. Por un lado, la estructura de inteligencia propiamente dicha que prepara el retorno de los brujos y el retorno al pasado. Y la otra, la formal, que bien podría llamarse –dice, irónico– área de estudios de opinión de la Presidencia”.
A decir del doctor en sociología con especialidad en seguridad nacional, la elite de inteligencia civil está dividida en siete grupos. Cinco de ellos están “muy acotados” o “sin ninguna oportunidad de reproducirse ni moverse”. Y los dos restantes son los “realmente vivos”, que desde el Centro preparan el regreso del priismo.
“Y el regreso de Jorge Tello Peón a la política nacional (como asesor del presidente en materia de seguridad nacional) muestra la nueva era que ya se está contemplando. Con el retorno de los brujos se señala que hay nuevas necesidades de información.”
Por su parte, Jorge Luis Sierra, posgraduado en política y economía de la defensa por la Universidad de la Defensa Nacional en Washington, señala que actualmente se vive una reestructuración del sistema de seguridad nacional, como la que tuvo lugar en 1994.
El investigador, quien ha sido consultor de The Washington Office on Latin America, considera que la reorganización obedece a que “el sistema de inteligencia mexicano fue prácticamente desmantelado, pues salieron sus cuadros más profesionales; además, se politizó su mando y llegaron directores que tienen una experiencia mínima en el manejo de los recursos de inteligencia”.
Así, la reestructuración, a decir de Jorge Luis Sierra, podría devenir en una “reprofesionalización” del Centro. Sin embargo, Garduño insiste: al interior del Cisen existen siete grupos visibles y actuantes; dos de ellos, los más fuertes, se disputan la Presidencia de la República desde ahora y en las esferas de inteligencia.
El primer grupo estaría encabezado por el coronel Jorge Carrillo Olea, quien se encargó de concluir el periodo de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) y fundar el Cisen, del cual fue su primer director. Aunque de manera formal controló el Centro por un periodo menor a dos años (del 1 de diciembre de 1988 al 15 de octubre de 1990), su influencia al interior del órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación (Segob) se extendió por casi 10 años más: dos de las cuatro direcciones posteriores a la suya estuvieron a cargo de sus “alumnos”.
Carrillo Olea llegó a la DFS, y posteriormente al Cisen, luego de haberse licenciado en administración militar en la Escuela Superior de Guerra, y de adquirir el grado de coronel de infantería y ser jefe de la Sección Segunda (el área de inteligencia) del Estado Mayor Presidencial (EMP).
“Esta fracción –señala Garduño– incluso terminó gobernando Morelos”. El propio Carrillo Olea sería el gobernador del estado, pero no terminó su mandato, pues tuvo que renunciar presionado por sectores sociales que lo acusaron de proteger a bandas de secuestradores.
El grupo de inteligencia que encabeza el coronel Carrillo Olea –el hombre que protegió a Luis Echeverría en Ciudad Universitaria en 1975 cuando grupos de estudiantes que consideraron una burla la visita del presidente le lanzaron piedras y lo descalabraron– ahora vuelve a la palestra a través de su alumno más destacado: Jorge Enrique Tello Peón.
El peón de Carrillo
Jorge Carrillo Olea no tiene dudas. De su alumno más destacado dice: “Jorge Tello es la mejor persona a nivel nacional para hacer en materia de inteligencia y seguridad nacional lo que se tenga que hacer”.
Sin embargo, dice que no deben generarse muchas expectativas porque al estar entre los panistas que “no entienden nada” y al haber fallas estructurales desde la Segob, “Jorge no podrá hacer mucho”.
En el último trimestre de 2008, específicamente el 19 de octubre, el presidente Felipe Calderón rehabilitó a Jorge Tello Peón en las labores de inteligencia. El papel que desempeña es más importante de lo que alcanza a decir el cargo: asesor de la Presidencia de la República en Materia de Seguridad Nacional.
En realidad, coordinará todos los sistemas de inteligencia y espionaje que incluyen, en primer lugar, al propio Cisen, pero también a la Sección Segunda del EMP y del Estado Mayor de la Defensa Nacional; a las direcciones de inteligencia del Estado Mayor y Estado Mayor Operativo de la Marina Armada de México; la Dirección de Coordinación de Inteligencia de la Policía Federal; el Centro de Planeación para el Control de Drogas (Cendros) y la Subprocuraduría Especializada en Delincuencia Organizada, ambas de la Procuraduría General de la República; y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Tello Peón, como el más destacado de los tres “alumnos” de Carrillo Olea que dirigirían el Cisen, estuvo a cargo del Centro del 16 de enero de 1994 al 25 de mayo de 1999. También fue fundador del Cendros, y de marzo de 2001 hasta el día de su nuevo nombramiento fungió como vicepresidente de Desarrollo de Información Internacional del Área de Planeación y Finanzas de Cemex. Asimismo, se encargaba del Sistema de Información Estratégica de la trasnacional del empresario regiomontano Lorenzo Zambrano.
Sin embargo, se le recuerda más por ser el funcionario al que “se le fugó” Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, el 19 de enero de 2001. Entonces, Tello Peón se desempeñaba como subsecretario de Gobernación y tenía a su cargo el sistema penitenciario nacional. Versiones periodísticas de la época señalaron que Tello Peón había visitado ese mismo día el penal de Puente Grande, Jalisco, horas antes de que el Chapo se fugara. A mediados de marzo de ese año renunció al cargo. Ahora se encargará de combatir a, entre otros actores, los narcotraficantes que han desafiado al Estado mexicano.
“La fracción de Carrillo Olea proviene concretamente de la Sección Segunda del EMP del sexenio de Echeverría. Esta fracción, con Tello Peón, vuelve al momento actual y en una posición muy importante y privilegiada”, señala Guillermo Garduño.
Jorge Luis Sierra considera que con el regreso de Tello Peón podría buscarse la continuidad del proyecto que dio origen al Cisen y que se vio interrumpido “porque no se pudo garantizar su estabilidad orgánica y empezó a sufrir los vaivenes sexenales”.
Sin embargo, Carrillo Olea ataja: “Jorge no podrá hacer mucho en la dirección de la profesionalización mientras el presidente no entienda lo que es la seguridad nacional”.
El cuadro de Gutiérrez Barrios
La otra camarilla al interior del Cisen estaría encabezada por el senador Manlio Fabio Beltrones. Actual coordinador de la bancada del PRI en el Senado de la República, Beltrones representaría a otro grupo de la elite de inteligencia que ha sido gobierno y que incluso ha llegado a detentar la Presidencia de la República.
A decir de Guillermo Garduño, “se trata de una fracción bastante significativa que está tratando de controlar una parte muy importante del Cisen. Es un grupo que, a diferencia de otros que se crearon en las décadas de 1960 y 1970, sigue vigente”.
Aunque el capitán Fernando Gutiérrez Barrios –director de la DFS durante la Presidencia de Gustavo Díaz Ordaz, quien también pertenecía a este grupo– murió hace poco más de ocho años, para Guillermo Garduño su facción está activa a través, principalmente, de Manlio Fabio Beltrones. Gutiérrez Barrios controló la DFS no sólo en el periodo en que formalmente fue su director (1964-1968), sino que siguió haciéndolo por seis años desde la subsecretaría de Gobernación.
Manlio Fabio Beltrones ha estado vinculado a la elite de inteligencia desde sus años de estudiante de economía en la Universidad Nacional Autónoma de México, cuando conoció a José Antonio Zorrilla Pérez, quien, a su vez, lo presentó a Fernando Gutiérrez Barrios. Beltrones se convirtió en ayudante personal y luego secretario particular del capitán, quien nunca se desvinculó de las tareas de inteligencia.
Manlio Fabio –siempre bajo la figura de Gutiérrez Barrios y, a veces, bajo su mando directo– fue asistente de dos secretarios de Gobernación y secretario particular de otros dos durante la década de 1970. En la década de 1980 fue diputado federal, senador y subsecretario de Gobierno de la Segob. Este último cargo, cuando Salinas de Gortari era presidente de México y Fernando Gutiérrez Barrios, secretario de Gobernación.
Se le atribuye haber sido la única persona que interrogó a solas a Mario Aburto, asesino material del candidato del PRI a la Presidencia de la República en 1994, después del magnicidio.
El enfrentamiento entre estos dos grupos podría remontarse a la época en que se concluyó la DFS para dar paso al Cisen. A finales de la década de 1980 salieron a la luz pública desavenencias entre Fernando Gutiérrez Barrios y Jorge Carrillo Olea. Paradójicamente, en 1997, el periódico The New York Times, basado en supuestos informes de la DEA, vinculó tanto a Manlio Fabio Beltrones como a Jorge Carrillo Olea con el narcotraficante Amado Carrillo Fuentes.
Los grupos acotados
Guillermo Garduño identifica a dos grupos más cuya influencia ahora ha sido “muy acotada”. El primero estaría encabezado por el general Miguel Ángel Godínez Bravo. La mayoría de sus integrantes provendrían de la Sección Segunda del Estado Mayor Presidencial.
Miguel Ángel Godínez Bravo fue jefe del EMP durante el sexenio de José López Portillo (1976-1982). Combatió al Ejército Zapatista de Liberación Nacional en 1994. Supuestos informes de inteligencia militar, publicados por la revista Proceso en julio de 1997, lo relacionaron, junto con su hijo, con bandas de narcotraficantes.
El grupo de Godínez Bravo fue prácticamente acabado con el asesinato del candidato del PRI a la Presidencia en 1994, Luis Donaldo Colosio: el jefe de seguridad del político sonorense era el general Domiro García Reyes, el “alumno” más destacado de Godínez Bravo. Luego de la muerte de Colosio, Domiro fue acusado, sin que pudiera probársele, de haber participado en el asesinato. Actualmente se encuentra en la congeladora, fuera de las tareas de inteligencia, en la Dirección General de Cartografía de la Secretaría de la Defensa Nacional.
“De la fracción que creó el general Godínez, principalmente con gente del EMP, ya prácticamente no queda nadie importante. El único que queda es Domiro, el que de alguna manera entregó a Colosio. Pero este tipo está ahorita en Cartografía de la Defensa, o sea, en un puesto de congelamiento”, explica Garduño.
El otro grupo “acotado y sin oportunidad”, a decir de Guillermo Garduño, sería el de Carlos Salinas de Gortari. Los operadores de esta facción serían José Carreño Carlón, quien se desempeñó como vocero de Salinas de 1992 a 1994; Fernando del Villar, quien fue director del Cisen del 16 de octubre de 1990 al 31 de enero de 1993 (también durante el salinismo), y Patricio Chirinos, quien fue uno de los amigos más cercanos a Carlos Salinas durante su sexenio, además de secretario de Desarrollo Urbano y Ecología y gobernador de Veracruz.
Los “acabados”
Tres grupos más, según Guillermo Garduño, aún persisten en el Cisen, aunque sin ninguna oportunidad de influir en los destinos Centro. Se trata de los grupos de Manuel Bartlett, José Zorrilla Pérez y del fallecido Javier García Paniagua.
Antes de ser gobernador y senador de su estado natal (Puebla), Bartlett Díaz estuvo vinculado a las labores de seguridad nacional. Primero como director general de Gobierno de la Segob, director en jefe para Asuntos Políticos de la Secretaría de Relaciones Exteriores y, finalmente, como secretario de Gobernación durante el sexenio de Miguel de la Madrid Hurtado (1982-1988). Fue el responsable de la “caída del sistema” durante el conteo de votos en las elecciones que contendieron Carlos Salinas de Gortari y Cuauhtémoc Cárdenas.
José Antonio Zorrilla se encuentra preso purgando una condena de 35 años por el asesinato del periodista Manuel Buendía y por estar vinculado al narcotráfico, principalmente a la banda que en la década de 1980 encabezaba Rafael Caro Quintero. Zorrilla era director de la DFS cuando ordenó la ejecución del periodista. Dos agentes de la propia Dirección Federal de Seguridad se encargaron del homicidio. Durante este periodo, pistoleros de Caro Quintero y él mismo portaron credenciales de la DFS firmadas por Zorrilla Pérez.
Javier García Paniagua encabezó la DFS de 1970 a 1978, la época más cruenta de la Guerra Sucia. Durante este periodo se creó la Brigada Blanca, el brazo ejecutor (en más de un sentido) de la DFS. Después siguió cultivando su influencia en los aparatos de inteligencia desde una subsecretaría de la Segob. Fue considerado “presidenciable” en 1982, pero finalmente el PRI postuló a Miguel de la Madrid. García Paniagua murió en noviembre de 1998, pero aún existe parte del “cuadro” formado por él.
El fracaso del panismo
Los especialistas consultados coinciden en que el panismo fracasó en construir servicios de inteligencia que respondieran al Estado mexicano y no a los grupos políticos que se disputan el poder.
Guillermo Garduño y Jorge Luis Sierra señalan que se perdió la oportunidad de que el Cisen se transformara en una institución profesional y moderna, como formalmente se planteó luego de la desaparición de la DFS.
Según Garduño, los panistas no entendieron para qué sirven los servicios de inteligencia. Los confundieron con oficinas de encuestas y estudios de opinión.
“Si quisiera dibujar con una frase el papel que juega actualmente el Cisen, diría que es el mismo que jugaba el espejo de la bruja de Blancanieves: decirle al presidente quién es el más bonito. Si el Centro ha gastado muchos recursos es porque se ha metido a hacer estudios de opinión y mercadotecnia que son altamente costosos”, explica Guillermo Garduño.
Agrega que, mientras, se descuidaron las labores que son realmente de seguridad nacional. Quienes dirigen formalmente el Centro, además, “creen que saben y conocen el rumbo; pero la verdad, incluso carecen de oficio político. Y esto ha tenido como resultado que se han ido estrellando contra la realidad en el momento de tratar de hacer alianzas y proporcionar información puntual. Finalmente terminan rebasados por otras fuerzas políticas”.
Así, considera el investigador, el Centro no funciona al Estado mexicano, pues no tiene claridad en el papel que debe desempeñar. “El Cisen no tiene una agenda real; trabaja a bomberazos. Por ejemplo, si se empieza a revisar el contrato colectivo de trabajo en Petróleos Mexicanos, en 24 horas se tiene que presentar al presidente un informe en el que se señalen quiénes son los líderes y caciques, cuáles son los mecanismos tradicionales de negociación y qué tanta influencia tienen los trabajadores. Así se trabaja actualmente.”
Jorge Luis Sierra señala que el sistema de seguridad nacional no funciona porque ni siquiera se tienen mutua confianza los organismos que realizan labores de inteligencia.
Durante el panismo, explica, “los servicios de inteligencia están separados, desintegrados: no hay canales institucionales confiables como para que el Ejército pueda compartir con el resto de los organismos de inteligencia la información que produce. Y la información que produce el Cisen tampoco encuentra canales adecuados para compartirse con la que se genera en los estados”.
Señala que la labor de Tello Peón, como asesor de la Presidencia en Seguridad Nacional, debería ser lograr la colaboración entre los servicios de inteligencia “con una visión de Estado y con el único fin de preservar los intereses nacionales”, algo que, señala, ni siquiera han intentado los directores del Centro durante el panismo.
Los directores del panismo
El actual procurador general de la República, Eduardo Tomás Medina-Mora Icaza, fue el primer director del Cisen del panismo. Se encontró al frente del Centro del 21 de diciembre de 2000 al 27 de septiembre de 2005. Fue el encargado de subordinar las facciones priistas a los nuevos grupos que ingresaron con la llegada del PAN a la Presidencia de la República.
A Medina-Mora se le atribuyó el despido de más de 300 agentes del Centro y de “desorganizar” los servicios de inteligencia. También se le acusó de favorecer las aspiraciones presidenciales del entonces secretario de Gobernación, Santiago Creel.
Sus antecedentes lo vinculan al sector empresarial: fue ejecutivo del Grupo Desc, actualmente es accionista en Televisa y Grupo Ocesa, y su primo hermano, Manuel Medina-Mora, es presidente y director general de Banamex, banco propiedad del estadunidense Citigrup.
“En la etapa de Medina-Mora –señala Garduño– se desmantelaron los mecanismos de control de los movimientos armados. Incluso a grupos como el Ejército Popular Revolucionario se les dejó de dar seguimiento.”
Jaime Domingo López Buitrón fue colocado en la dirección del Cisen el 13 de octubre de 2005 por el entonces secretario de Gobernación, Carlos Abascal Carranza. Permaneció en el cargo hasta el 9 de enero de 2007. Fue uno de los personajes más cercanos al secretario supuestamente vinculado con la organización clandestina de ultraderecha El Yunque. Antes de hacerse cargo de la dirección del Centro, López Buitrón fue subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Segob. En esta misma Secretaría, había trabajado previamente en el Registro Nacional de Población e Identificación de Personal y en la de Desarrollo Político.
A decir de Guillermo Garduño, durante la gestión de López Buitrón al frente del Cisen, se “fugó” información de seguridad nacional.
“Fue un personaje demasiado oscuro que llegó como el hombre de confianza de Abascal. Fue una etapa muy peligrosa, porque se corrió a una cantidad enorme de gente, la cual incluso ya era parte de un nuevo planteamiento doctrinario, y todo se puso en riesgo: gente de la extrema derecha, como es Abascal, se apoderó de la base de información del Cisen. A eso se dedicaron López Buitrón y Abascal: a saquear la base de información del Estado mexicano”, asegura Guillermo Garduño.
Los especialistas consultados no ven otro mérito en el actual director del Cisen, Guillermo Valdés, que su amistad con el presidente Felipe Calderón. Valdés llegó a la dirección del Centro luego de que, durante el proceso electoral de 2006, la empresa encuestadora que dirigía, GEA ISA, dijo que quien iba adelante en la intención del voto era el candidato panista.
“Estamos en la cuarta etapa, la del mercadólogo, donde privan las encuestas y la mercadotecnia. Y todo parece indicar que la quinta será la del retorno al pasado, es decir, a un modelo autoritario que responde a un sistema semidemocrático”, concluye Garduño.
Se solicitaron entrevistas con Manlio Fabio Beltrones y con legisladores integrantes de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional. En ningún caso, y hasta el cierre de esta edición, hubo respuesta.
Sólo soy un punto de referencia: Carrillo Olea
El “maestro” de generaciones de la elite de inteligencia y contrainteligencia civil mexicana dice no encabezar ningún grupo que se dispute el control del Cisen.
“No, no hay nada de eso”, asegura sin sobresaltos. “En realidad soy muy retraído y casi no salgo”, argumenta con poca convicción. Sin embargo, reconoce que “una que otra vez” los propios directores del Centro le han pedido consejos.
“Jaime (Domingo López Buitrón, el antecesor del actual director Valdés Castellanos), me invitó a desayunar. Le di mis puntos de vista. Me invitó de nueva cuenta a comer. Platicamos. Y luego me invitaron a dar una conferencia en la escuelita del Centro.”
Al final, Carrillo Olea concede: “Bueno, puede que sea un punto de referencia, pero nada más”. Acerca de Manlio Fabio Beltrones, a quienes analistas ubican como la cabeza del grupo contrario al suyo, categórico señala: “No, hombre. Manlio no tiene nada qué hacer en el Cisen. Ahí él no está, no representa nada”.
En su evaluación sobre el trabajo actual del Centro, coincide con los especialistas consultados: “El Cisen sirve actualmente para llevarle información al presidente, pero información basada en técnicas de estadística y no de inteligencia”.
Agrega que el trabajo del Centro es tan deficiente “que no ha podido dar con el cerebro negro que controla el narcotráfico y otros delitos como los secuestros; porque lo que está pasando no es producto de esos hombres panzones con sombrero; no se trata de varios grupos, sino de uno solo que tiene un cuartel general”. (ZC)
Inteligencia actual, para un régimen autoritario
A decir de Guillermo Garduño, México no cuenta con servicios de inteligencia para un Estado democrático. Ninguno de los grupos que se disputan la hegemonía en el Cisen plantea un sistema que responda realmente a la seguridad nacional. Panistas y priistas representan proyectos que buscan la protección de grupos políticos y empresariales. Aunque el sistema priista es más eficaz, es un modelo más autoritario.
Cuatro características deben reunir los sistemas de inteligencia y contrainteligencia en un Estado democrático, de acuerdo con Guillermo Garduño:
1. Anticipatorio. Capacidad de prever riesgos y amenazas a la nación
2. Secretismo sólo para asuntos que realmente vulneren la seguridad de la nación. La información generada no debe responder a los intereses del grupo político en el poder, sino a los del Estado mexicano
3. Transparencia en el uso de los recursos
4. Participación a la ciudadanía de información para la toma de decisiones (ZC)
Cisen, responsable en muerte de Mouriño
En la caída del Learjet 45 el 4 de noviembre pasado –que terminó con la vida del entonces secretario de Gobernación Juan Camilo Mouriño y 14 personas más– el Cisen podría tener parte de la responsabilidad, coinciden los especialistas consultados por Contralínea.
Señalan que aunque la responsabilidad al interior de la aeronave recae en el Estado Mayor Presidencial (EMP), el área de contexto, es decir, todas las condiciones que se deben observar para garantizar que el ambiente en los que se desenvuelve el secretario del rango del de Gobernación sean seguros, recae en el Cisen.
Jorge Luis Sierra explica: “Se trata de círculos concéntricos. El más estrecho en torno a Mouriño, en ese momento, debió ser el EMP, que representa la última línea de defensa. Pero alrededor de ese círculo, se encuentra otro más amplio, en el que se encuentra el Cisen. Si el EMP es el responsable de la seguridad de las operaciones del secretario de Gobernación, el Cisen es el responsable del ambiente en que estas operaciones se están realizando”.
Guillermo Garduño considera que no pudo haber una falla técnica en el Learjet y cuestiona la supuesta conversación entablada por los pilotos segundos antes de que el aparato se viniera en picada.
“Entre los pilotos profesionales, y máxime de ese nivel, existe lo que se denomina ‘La Letanía’: antes de emprender el vuelo, la persona tiene, por principio de cuentas, que señalar y probar cada uno de los puntos, o sea, debe escanear el avión. Eso se hace a conciencia. En todos los casos se entrega un informe a la torre de control antes de partir. Y si por alguna razón falla algún elemento, el avión no sale.”
Además, explica, los pilotos revisan el Plan de Vuelo antes de salir. En dicho Plan se establecen los niveles de altura en que se desplazará el avión para no interceptar a otro; si fijan las corrientes; también se establece la velocidad a la que viajarán y el tipo de vientos que van a enfrentar”.
Se muestra extrañado de los errores en que habrían incurrido los pilotos, según las investigaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
“Resulta que los pilotos no conocían este tipo de aviones; confunden Salamanca con Tula, y resulta que, en el punto donde tienen que establecer contacto directo con la torre de control de aeropuertos, antes de entrar a la ciudad de México, no bajan la velocidad a 180 nudos como por regla lo deben hacer; y, luego, se colocan exactamente detrás de un avión a una distancia menor a 5 millas.”
Sobre la supuesta conversación que entablaron los pilotos, añade: “Más allá del lenguaje que utilizaron, cómo es posible que el copiloto le dijera al piloto: ‘déjamelo’. Y el piloto: ‘tuyo’. Eso es un error garrafal. Eso no se puede hacer”.
Garduño concluye: “Es una cadena constante de errores. ¿Alguno de ellos tendría que ver con una intencionalidad de echar abajo el avión? Antes, los aparatos de inteligencia tenían fichados hasta con huellas digitales a quienes se encargaban de transportar a los altos funcionarios. En ese accidente, dónde quedó el Cisen”. (ZC)
Enfrentar al narcotráfico, novedad para el Cisen
Jorge Luis Sierra, autor de El enemigo interno. Contrainsurgencia y fuerzas armadas en México, señala que históricamente los servicios de inteligencia del país se han utilizado para combatir a la oposición política. Incluso se aliaron a grupos delincuenciales y hasta cárteles del narcotráfico para acabar con los movimientos guerrilleros. Ahora que supuestamente enfocan sus baterías hacia las mafias que trafican drogas hacia Estados Unidos, se encontrarían en una situación relativamente nueva.
“Durante mucho tiempo, todos los recursos del Estado mexicano en materia de inteligencia estaban enfocados hacia el combate a la oposición: campesina, sindical, de los partidos políticos y, sobre todo, armada.”
Agrega que en su lucha contra la oposición, principalmente de izquierda, los gobiernos en turno no tuvieron empacho en aliarse con el crimen organizado, principalmente el narcotráfico.
“Eso se puede constatar en los casos de Jalisco y Sinaloa, en donde el Estado compartía información con la delincuencia organizada. Y eso se mantuvo hasta la desaparición de los movimientos armados del país, en 1985.”
Sierra explica que entonces vino una simbiosis entre la policía de inteligencia (entonces la Dirección Federal de Seguridad) y la delincuencia organizada.
“Parece que dijeron: ‘¿Y ahora qué hacemos si ya no hay guerrilla?’ Fue el periodo de la más intensa corrupción de los grupos de inteligencia. Fue cuando mataron a Enrique Camarena (agente de la DEA infiltrado en el narcotráfico) y cuando integrantes de la propia DFS participaron en la formación del cártel de Juárez y otros tantos de los principales que operan en México.
“Entonces, antes no había información de la delincuencia organizada. El Cisen comenzó a tener trabajos al respecto desde hace un tiempo relativamente corto. A partir de los últimos cuatro años comenzó a tener información valiosa en ese ámbito.”(ZC)
Acosta Chaparro comanda operativo clandestino en el sureste
En el marco de la supuesta “guerra contra el narcotráfico”, la administración de Felipe Calderón Hinojosa habría reeditado estrategias empleadas por los gobiernos priistas durante la Guerra Sucia e incluso habría echado mano de personajes vinculados con los crímenes de lesa humanidad que se cometieron a nombre del Estado mexicano y por órdenes presidenciales, durante las décadas de 1960, 1970 y principios de 1980.
Tal sería el caso del general Mario Arturo Acosta Chaparro, involucrado en la desaparición de al menos 143 personas supuestamente vinculadas a grupos subversivos de Guerrero, en la década de 1970 y principios de la de 1980, informó la columna Oficio de papel, el 29 de diciembre de 2008.
Según fuentes cercanas a la seguridad pública, citadas por el periodista Miguel Badillo, Acosta Chaparro sería parte de una estratagema diseñada desde la Secretaría de Gobernación (Segob): la organización de comandos clandestinos de elite militar similares a la Brigada Blanca (corporación creada por el gobierno durante la Guerra Sucia para exterminar a las guerrillas rural y urbana).
La supuesta “diferencia” es que ahora buscarían administrar y posteriormente erradicar la violencia que impera en México, atribuida a la delincuencia organizada: en lo que va del sexenio calderonista, se han perpetrado más de 7 mil ejecuciones –en su mayoría de civiles–, aún sin esclarecer.
Además, entre diciembre de 2006 y mayo de 2008, organizaciones defensoras de los derechos humanos han documentado al menos 23 desapariciones forzadas de activistas sociales o con móvil político, aunque la cifra de levantados con este perfil podría superar los 300.
Al igual que los escuadrones de la muerte, los comandos militares actuarían en la clandestinidad y tendrían autorización para cometer ejecuciones extrajudiciales en contra de los “narcotraficantes”. Su labor, por tanto, estaría al margen de la ley.
Dichos comandos estarían operando en zonas específicas desde 2007, aunque no como parte de los operativos conjuntos acordados entre el gobierno federal y los gobiernos estatales. Ello, pese a la denuncia hecha por defensores de los derechos humanos, respecto a que la “guerra” contra el narcotráfico es una simulación que tiene por objetivo acabar con el descontento social.
Contratan a Acosta Chaparro
De acuerdo con la información publicada por Oficio de papel, uno de estos comandos operaría en el sureste de México, bajo las órdenes del general Acosta Chaparro, quien fuera parte de la Brigada Blanca y que también fungió como director de los Servicios Especiales de la extinta Policía Judicial de Guerrero durante el sexenio del gobernador Rubén Figueroa Figueroa.
La encomienda le habría sido conferida por la Segob, luego de su liberación, ocurrida en junio de 2007. El general brigadier pasó seis años y 10 meses privado de su libertad en el Campo Militar Número 1, de la ciudad de México, y logró su exoneración por medio del juicio de amparo 29/2007.
Su detención ocurrió el 30 de agosto de 2000 –junto con el fallecido general Francisco Quirós Hermosillo–, acusado de brindar protección al cártel de Juárez y a su entonces líder Amado Carrillo Fuentes, alias el Señor de los Cielos.
La sentencia a favor de Acosta Chaparro –dictada el 27 de junio de 2007 por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal, con sede en el Distrito Federal– obligó a que le fueran restituidos sus emolumentos, su grado de general y su libertad.
Además de ser juzgado por la supuesta comisión de delitos contra la salud, cuya sentencia alcanzó 15 años de prisión, a fines de 2002 fue notificado de un proceso penal en su contra por el delito de homicidio calificado en contra de 143 personas, a quienes se les vinculó a la guerrilla y que habrían sido ejecutadas y arrojadas al mar desde un avión Arava IAI-201, de fabricación israelí, en las costas de Oaxaca, durante la Guerra Sucia.
El 28 de junio de 2006, el juez cuarto de Justicia Militar, Domingo Arturo Salas Muñoz, absolvió a Acosta Chaparro de estos crímenes de lesa humanidad y decretó el auto de libertad con el argumento de “desvanecimiento de datos”.
Por órdenes de Gobernación, Acosta Chaparro operaría la misma zona que recorrió con los escuadrones de la muerte en la década de 1970: el sureste de México. En la conflictiva zona se localizan las guerrillas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente y del Ejército Popular Revolucionario. Se solicitó a la oficina de Comunicación Social de la Segob, a cargo de Homero Niño de Rivera, conocer la versión de la Secretaría al respecto. Hasta el cierre de edición no hubo respuesta. (Nancy Flores)
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